En  la historia política de los países sudamericanos, la corrupción y el abuso de autoridad es una constante. Desde durísimas dictaduras hasta millonarios robos de las arcas del estado, no hay país que se salve. En el mío, el Perú, la corrupción está normalizada y ha invadido casi todas las instancias estatales. El congreso está conformado en su mayoría por el partido fujimorista y es el mejor reflejo de esta situación. Este partido está plagado de funcionarios acusados (y algunos procesados) de mil y un delitos, sin embargo, siguen postulando a cargos públicos y siguen siendo elegidos por el pueblo. El creador del partido, el ex presidente Alberto Fujimori, está preso por delitos de lesa humanidad, entre otros, pero aún así muchos peruanos quieren darle el indulto. Su hija, Keiko, ha postulado a la presidencia dos veces. En ambas ocasiones ha estado perfilada como la favorita, sin embargo, siempre termina perdiendo a último momento. Kenji, el menor de los Fujimori, ha sido el congresista más votado, a pesar que poco antes de las elecciones se encontraron 100 kilos de cocaína en el almacén de una empresa fundada por él.

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De la misma manera el actual alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, también conocido como “el mudo” por su resistencia a hablar con los medios y con la población en general, tiene un largo y oscuro historial de corrupción, pero eso no le ha impedido ocupar el sillón municipal tres veces. Su fórmula ha sido siempre la “concretización”, es decir, llenar la ciudad de concreto. Construye puentes y carreteras donde sea y como sea, sin ningún tipo de estudio técnico serio ni tampoco ninguna contemplación por las tan escasas áreas verdes de Lima. Sabe que a la gente más pobre la puede conquistar poniéndole unas escaleras en los cerros donde están sus casas. Es amo y señor de la frase “roba, pero hace obra” y estampa su nombre completo en cada pedazo de cemento amarillo (color que representa a su partido) con el que lapida a la ciudad. Cuenta con sospechosos contratos que benefician a empresas de transporte privadas llenas de multas y juicios, pagos millonarios a empresas fantasmas, obras que se caen por lo mal hechas y turbias concesiones de servicios públicos.

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​Como se menciona anteriormente, Lima es una ciudad a la que le faltan áreas verdes. Tiene un déficit de 56 millones de metros cuadrados en áreas verdes, lo que equivale a 2.71 metros por habitante, muy por debajo de los 9 metros por persona que recomienda la Organización Mundial de la Salud. La gestión anterior a la del actual alcalde retomó el proyecto Río Verde, que incluía la creación de 25 hectáreas de áreas verdes y la recuperación de la rivera del Río Rímac. Este proyecto iba a ser un alivio para la contaminada ciudad y un espacio para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a un poco de naturaleza, museos y a otras actividades culturales. Sin embargo, el actual alcalde canceló la financiación de este proyecto y destinó los fondos a construir un innecesario bypass. A menos de un año de haber sido construido, el bypass ya tiene grietas y fisuras y no solo no ha solucionado el problema del tráfico, sino que lo ha empeorado. La municipalidad minimiza las rajaduras y afirma que la empresa OAS, encargada de la construcción del bypass, las arreglará. Es importante mencionar que existen mensajes de Whatsapp entre quien fue la gerente de gestiones de la Municipalidad de Lima durante gestiones anteriores a la actual y el ex presidente de OAS (ahora preso por corrupción por el caso Lavajato), en los cuales la ex gerente pide a nombre de Luis Castañeda Lossio, que no se firme el contrato para el proyecto Río Verde y que se saquen del aire las publicidades que estaban circulando anunciando la creación de este espacio. Es evidente que la construcción del bypass no era para beneficiar a la ciudad sino al propio alcalde y a OAS.